Se propone exhorto a diversos ayuntamientos a realizar las acciones necesarias para la implementación de sus sistemas de justicia cívica

El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso, en sesión de la Diputación Permanente, un Punto de Acuerdo para exhortar a diversos municipios de la entidad a que realicen las acciones conducentes, incluyendo las previsiones presupuestales, para la implementación de sus propios Sistemas de Justicia Cívica.

Esto, explicó el legislador, con el objetivo de que los gobiernos municipales adopten dicho Sistema y adecuen sus procedimientos aplicables en materia de faltas administrativas para adoptar un nuevo enfoque basado en la concertación, la reparación de daños y la perspectiva comunitaria.

Señala en su exposición de motivos, que el pasado 12 de junio del año 2026, mediante el Decreto 0553 publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, se expidió la Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que motiva a que los ayuntamientos deberán tomar las medidas conducentes para la implementación de las disposiciones de dicha nueva legislación; es decir, realizar las modificaciones necesarias para crear sus Sistemas de Justicia Cívica, lo que incluye la creación de Juzgados, la designación del personal necesario y la modificación de sus reglamentos.

Indica que hasta el momento, los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles, ya han dado pasos firmes en la implementación de sus respectivos Sistemas de Justicia Cívica, para poder beneficiarse de las ventajas de este enfoque, por lo que es buen momento para que el resto de los municipios tomen sus previsiones para iniciar con este nuevo sistema.

Indica que esta nueva legislación tiene como fin el promover el acceso a la Justicia Cívica y regular el funcionamiento de los organismos involucrados, en cada uno de los municipios del Estado, así como establecer los mecanismos para la imposición de sanciones, que deriven de conductas que constituyan infracciones y/o faltas administrativas, así como los procedimientos para su aplicación.

Resalta que esta Ley no busca invadir la esfera de la Justicia Penal, sino que crea un nuevo canal institucional para gestionar las faltas administrativas, privilegiando la mediación, y los mecanismos alternativos de solución de controversias, a través de la creación de nuevas instancias municipales.

El Punto de Acuerdo se turnó para su análisis a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.