Restauranteros de la Huasteca enfrentan fuerte carga económica por permisos y falta de claridad en inspecciones

El vicepresidente de la CANIRAC en la región Huasteca, Francisco Larraga, advirtió que el inicio de año representa una fuerte carga económica para restaurantes, cantinas y bares, principalmente por el pago de permisos de funcionamiento y licencias relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas.

El empresario explicó que, aunque el Gobierno del Estado otorgó un descuento del 30 por ciento en el costo del permiso estatal de vinos y licores, este beneficio solo aplica para quienes estén completamente al corriente en todos sus pagos, ya que cualquier adeudo, incluso antiguo o menor, invalida el descuento.

Detalló que el costo total del permiso estatal puede alcanzar hasta 35 mil pesos, al sumar la licencia de funcionamiento, verificación de Coepris y Protección Civil, además de otros trámites. A esto se agregan pagos municipales como uso de suelo, protección civil y permisos para la venta de cerveza, lo que eleva considerablemente el gasto anual.

Larraga señaló que muchos empresarios se han encontrado con adeudos históricos, como placas vehiculares o trámites no concluidos desde hace años, lo que les impide acceder al descuento y los obliga a realizar gestiones en la capital del estado, incrementando aún más los costos.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos municipal y estatal para que definan con claridad quién es la autoridad encargada de regular, supervisar e inspeccionar a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, ya que actualmente —dijo— existe una duplicidad de funciones que genera incertidumbre y presión económica para el sector.

Indicó que mientras el Estado regula la venta de bebidas con graduación mayor a seis grados, los municipios también exigen permisos locales, lo que obliga a los empresarios a pagar ambos conceptos sin certeza de quién realizará las verificaciones.

“El restaurantero vive con el miedo de no saber si lo va a inspeccionar el municipio o el estado, o ambos, y las multas son muy altas”, expresó.

Finalmente, señaló que esta situación provoca desigualdad, ya que los negocios que operan de manera formal y con permisos son los más vigilados, mientras que la clandestinidad persiste en varios municipios, afectando a quienes buscan cumplir con la ley.