¿Por qué las autoridades no pueden retirar de las calles a personas con enfermedades mentales?

CV NOTICIAS

La presencia de personas en situación de calle con aparentes trastornos mentales suele generar inquietud entre la población, especialmente cuando permanecen en plazas, banquetas o espacios públicos durante largos periodos. Sin embargo, la legislación mexicana establece límites claros sobre la actuación de las autoridades en estos casos.

De acuerdo con la Ley General de Salud y los principios de derechos humanos vigentes en el país, ninguna persona puede ser retirada de la vía pública o internada en una institución médica únicamente por vivir en la calle o por padecer una enfermedad mental.

La ley reconoce el derecho de toda persona a la libertad y a tomar decisiones sobre su propia vida, por lo que las autoridades municipales, cuerpos de seguridad, DIF o instituciones de salud no pueden obligar a alguien a ingresar a un albergue, hospital o centro de asistencia si no existe una situación que justifique legalmente esa intervención.

Lo que sí pueden hacer las dependencias gubernamentales es acercarse para ofrecer apoyo, atención médica, alimentación, refugio temporal o canalización a servicios especializados. Sin embargo, la persona tiene derecho a aceptar o rechazar esa ayuda.

La situación cambia cuando existe un riesgo grave para la propia persona o para terceros. En casos de crisis psiquiátrica, intentos de autolesión, conductas violentas o una emergencia médica evidente, los servicios de salud pueden intervenir para brindar atención inmediata y realizar una valoración especializada.

Uno de los principales problemas es que muchas personas con trastornos mentales severos carecen de familiares que puedan hacerse cargo de ellas o dar seguimiento a sus tratamientos. A ello se suma la insuficiencia de espacios especializados para la atención permanente de quienes viven en condiciones de abandono.

Por esta razón, aunque la ciudadanía frecuentemente solicita que estas personas sean retiradas de la vía pública, las autoridades están obligadas a respetar sus derechos fundamentales y sólo pueden actuar de manera más restrictiva cuando existe una emergencia o una causa legal plenamente justificada.

En términos simples, vivir en la calle no constituye un delito y padecer una enfermedad mental tampoco es motivo suficiente para privar a alguien de su libertad. La obligación de las instituciones es brindar ayuda y protección, pero siempre dentro de los límites que establece la ley.