Descartan trastorno mental en detenido por matricidio

A poco más de dos semanas del matricidio ocurrido el pasado 1 de agosto en Ciudad Valles, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que una evaluación clínica y psicológica determinara que Adán “N”, detenido por estos hechos, no presenta ningún trastorno mental.

Tras su detención, y a petición de la fiscalía general del Estado, un juez ordenó que el imputado fuera sometido a una valoración especializada por parte de una institución capacitada, con el propósito de conocer sus condiciones de salud mental y determinar si existía algún padecimiento que pudiera tener implicaciones en su responsabilidad jurídica.

De acuerdo con la información proporcionada para el seguimiento del caso, los resultados de la evaluación establecieron que Adán “N” no presenta un trastorno mental, por lo que el proceso en su contra continuará por la vía ordinaria.

Los hechos ocurrieron el 1 de agosto, cuando autoridades acudieron a un domicilio de la colonia Hidalgo, en Ciudad Valles, tras recibir el reporte de una situación de emergencia. En el lugar fue localizada sin vida la madre del ahora imputado, quien posteriormente fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

En los primeros días posteriores al hecho circularon versiones sobre un posible padecimiento de esquizofrenia y una presunta crisis de salud mental. Sin embargo, dicha información no había sido confirmada oficialmente por la fiscalía general del Estado.

Con los resultados de la valoración clínica y psicológica, pierde sustento la hipótesis de que el detenido padeciera un trastorno mental que pudiera modificar su responsabilidad penal. Corresponderá ahora al Ministerio Público continuar con la integración de la carpeta de investigación y presentar el caso ante la autoridad judicial competente.

Será un juez quien, con base en las pruebas que presenten tanto la Fiscalía como la defensa, determine la situación jurídica de Adán “N” y, en su momento, establezca si existe responsabilidad penal por los hechos.

El caso generó especial atención debido a que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había señalado públicamente la necesidad de evaluar la condición de salud mental del detenido, lo que abrió también el debate sobre la atención psiquiátrica y las implicaciones jurídicas que existen cuando una persona comete un delito durante una eventual crisis de salud mental.