Abogados ven viable promover amparos contra el registro obligatorio de líneas telefónicas

El maestro Matilde Hernández Méndez, presidente de la Federación de Organizaciónes de Abogados en el estado de San Luis Potosí consideró que los ciudadanos podrían promover juicios de amparo contra la disposición del Gobierno Federal que establece el registro de líneas telefónicas, al señalar que esta medida podría representar una afectación a derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.

Durante una entrevista, explicó que la obligación de registrar las líneas telefónicas constituye un acto de molestia para los ciudadanos, por lo que, una vez que la disposición entre en vigor y exista una afectación concreta, será posible solicitar la protección de la justicia federal.

Hernández Méndez sostuvo que el derecho a la privacidad y a la intimidad se encuentra protegido por la Constitución y por los derechos humanos, por lo que cualquier persona que considere vulneradas estas garantías podrá recurrir al juicio de amparo para que un juez de distrito determine la legalidad de la medida.

El abogado precisó que, por el momento, la disposición aún no ha generado un acto concreto de aplicación, por lo que recomendó esperar a que la norma entre en vigor para que pueda actualizarse la afectación jurídica y entonces presentar el recurso correspondiente, incluso solicitando la suspensión del acto reclamado.

Respecto al interés ciudadano, indicó que hasta ahora la asociación y federación de abogados que representa no ha recibido solicitudes formales para tramitar amparos; sin embargo, reconoció que existe inquietud entre la población por las implicaciones que tendría el registro obligatorio.

Añadió que el costo de un amparo dependerá de cada profesionista, aunque aseguró que, en su caso, ofrecerán asesoría y respaldo a quienes busquen defender este derecho.

Finalmente, Matilde Hernández Méndez enfatizó que el amparo debe promoverse de manera individual, ya que la presunta afectación recae sobre cada persona en lo particular. Señaló que quienes consideren vulnerado su derecho a la privacidad podrán acudir ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar la protección constitucional una vez que la disposición comience a aplicarse.